El 1 de marzo entró en vigor el reglamento de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que crea en el seno de este organismo, como establecía la denominada
El 1 de marzo, ha entrado en vigor el reglamento de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que crea en el seno de este organismo, como establecía la denominada “Ley Sinde-Wert”, la sección segunda, con el objetivo de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, combatiendo a las webs de enlaces que facilitan las descargas ilegales en Internet de contenidos protegidos por los derechos de autor. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos se ha congratulado por ello.
Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión de la Propiedad Intelectual se organiza en dos secciones. La Sección Primera ya venía ejerciendo las de mediación y arbitraje, pero con este reglamento se amplía su alcance. En el caso de la mediación, se extenderán sus competencias a todas las materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, mientras que en el del arbitraje se amplía a los conflictos entre distintas entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, y entre éstas y las entidades de radiodifusión. También es relevante la atribución de funciones arbitrales para la fijación de cantidades sustitutorias de tarifas. Esta Sección la conformarán Rosa de Couto, Mariano Baena y Julio Costas, que ejercerán el cargo por un período de tres años renovable por una sola vez. Todos son expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. En cuanto a la sección segunda, la presidirá María Teresa Lizaranzu, directora general de Industrias Culturales y del Libro, en quien ha delegado José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura, y tendrá como vocales a representantes de los ministerios de Educación, Cultura y Deporte; Industria, Energía y Turismo; Economía y Competitividad; y Presidencia. La principal función de dicha sección es combatir a las webs de enlaces a través de un procedimiento de naturaleza mixta, administrativo y judicial. Desde hoy, cuando un titular de derechos de propiedad intelectual considere que una web utiliza o enlaza a sus obras sin permiso, puede denunciarlo a la Comisión. La Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura (https://sede.mcu.gob.es) es la puerta de acceso online para iniciar los trámites. El proceso siempre comenzará a partir de la denuncia del titular de los derechos de autor. La Comisión actuará si considera que la web denunciada tiene ánimo de lucro o ha causado un daño patrimonial. Se iniciará así un proceso administrativo en el que, una vez aceptada a trámite la solicitud, se pide al juez una petición de autorización para identificar al responsable de la web, a quien se contactará para informarle. Este tendrá 48 horas desde ese momento para retirar contenidos o presentar alegaciones. Después hay un plazo de deliberación tras el cual, si la Comisión cree que hay vulneración, solicita de nuevo la intervención judicial para la retirada de contenidos, e incluso el cierre temporal de las páginas que los alojen o enlacen sin permiso de los titulares. El proceso se prolongará entre 20 días y tres meses.
Hoy, en el III Encuentro Anual de Productores Audiovisuales Españoles organizado por FAPAE en la Academia de Cine, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se ha referido a la entrada en vigor del reglamento de la Comisión de la Propiedad Intelectual afirmando que es “un día de celebración para los que piensan que la protección de este derecho es una condición necesaria para que la cultura española sea respetada en el mundo”. “Es una norma que contribuye a dar seguridad, certeza y protección a la propiedad intelectual de los creadores”, ha afirmado. Por su parte, la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, el lobby del sector cultural y del entretenimiento, ha celebrado que, desde hoy, los titulares de los contenidos protegidos por derechos de autor, “puedan defenderse y reclamar el cese de las actividades vulneradoras de sus derechos legítimos”. Los miembros de la Coalición entienden que “el procedimiento puesto en marcha hoy es una apuesta firme por la defensa de los derechos de autor y la protección del sector cultural y sus trabajadores” y reiteran la confianza “en la eficacia y eficiencia de una normativa que, por primera vez y tras años de reivindicaciones, pone un instrumento al alcance de los titulares para atajar la constante, masiva y diaria vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que supone una lacra social, provoca importantes pérdidas de puestos de trabajo y de disminución de valor a las empresas del sector, y tiene un efecto negativo para el conjunto del país”. La Coalición dice que realizará el seguimiento oportuno y mantendrá los contactos necesarios “para intentar que la implementación del procedimiento consiga la máxima eficacia en la lucha contra la piratería en Internet”. Otros, en cambio, no están tan confiados en la eficacia de la norma, que está recurrida ante el Tribunal Supremo por la Asociación de Internautas y otras dos entidades, y que no ataca al p2p, que podría volver a resurgir de sus cenizas, tras su práctica desaparición cuando comenzaron a surgir los sitios de descargas directas. Algunos detractores del reglamento, como el abogado especialista en derechos de autor David Bravo, cree que la ley Sinde-Wert es “perversa” y “no supone un cambio de las reglas del juego, sino del árbitro que las interpreta”, que pasa a ser un órgano administrativo, en vez de los jueces.
